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10 diferencias entre Argentina y Uruguay en el período progresista

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Este artículo busca comprender las diferentes políticas de Estado que han llevado a cabo los gobiernos de Uruguay y Argentina en el período 2003-2015. Es resultado de varias semanas de estudio, consultando una importante cantidad de fuentes, comenzando con muy pocos elementos y por tanto con muy pocos preconceptos.

En contraposición a la tendencia actual de discutir en términos de populismos*, el marco objetivo para la evaluación será el Consenso de Washington (1989), cuyos postulados, como se verá, siguen vigentes para pensar el panorama actual en el contexto latinoamericano:

Las economías de los países deben internacionalizarse a toda costa. Hay que abrir fronteras al capital, atraer el máximo de inversión extranjera, tratar que la producción doméstica salga al exterior y las empresas extranjeras se instalen en territorio nacional.

En una palabra, hay que trasnacionalizarse. La extranjerización de las economías, lejos de ser un problema para los países empobrecidos, los capitalizará al tiempo que se les suministrará la tecnología de la que carecen.

El Estado debe ser un mero facilitador de los negocios del sector privado (promover la estabilidad), un regulador ocasional de los excesos del mercado (con programas de alivio de la pobreza y protección del medio ambiente) y un garante de la paz social (gobernanza).

Tanto los gobiernos de Uruguay como el de Argentina se autodenominan progresistas, buscan avanzar hacia el Estado de Bienestar. Sin embargo, la forma que adquiere el Estado presenta notorias diferencias entre ambos países. Comparten una nueva agenda social que consiste en promover los derechos sexuales y reproductivos, la fertilidad asistida y el matrimonio igualitario, entre muchos otros. En cuanto a sus economías, ambas se han visto beneficiadas por el alto precio de sus materias primas en el mercado internacional (en especial la soja), con fuertes aumentos en su PBI, exportaciones y en la actividad económica, sumada a una importante recuperación salarial.

ECONOMÍA POLÍTICA Y POLÍTICA ECONÓMICA

Argentina aplica un modelo proteccionista con alta incidencia del Estado a través de subsidios al combustible y los alimentos (control de precios a la baja), restricciones a la importación de bienes (para promoción de la industria), detracciones impositivas a la exportación agrícola (para inversión en infraestructura y seguridad social) y planes sociales. El objetivo de estas políticas es aumentar el consumo y así fortalecer el mercado interno. Según las visiones críticas, el “modelo de intervencionismo del Estado en la economía augura que no habrá en el corto plazo una solución para los problemas que aquejan Argentina: la inflación, el déficit y la caída de las reservas internacionales. La aplicación de medidas populistas han llevado la inflación a un 25% anual“. En cuanto a la política económica, las autoridades argentinas hablan de un “proyecto nacional y popular: que defiende la soberanía, la independencia y la justicia social“. Sin embargo, para un nuevo período de gobierno a partir de diciembre de este año, el principal candidato a ganar las elecciones afirma que Argentina buscará promover la inversión internacional.

El Ministro de Economía de Uruguay, responsable del rumbo económico en el período progresista, duda del crecimiento económico basado en el consumo porque “puede generar efectos contradictorios. En cambio, el factor genuino del crecimiento en Uruguay es la “inversión interna”. Uruguay practica una política internacional y comercial “de apertura”, promocionando la inversión público-privada en infraestructura (logística), con fuerte énfasis en el sector servicios, transporte y energía. Las máximas autoridades uruguayas evitan la idea de seguir un “modelo”, sino más bien “un rumbo” alineado con el programa de gobierno votado por la ciudadanía. El país aspira a generar un “clima de negocios” con “reglas de juego claras” que ofrezcan “tranquilidad” a los inversores, fomentando la inversión extranjera directa a través de un sistema jurídico favorable (Ley Forestal, Ley de Promoción y Protección de Inversiones, Contratos de Participación Público-Privada – PPP), exoneraciones fiscales  y regímenes de Zonas Francas, y más recientemente con el horizonte de tratados internacionales de liberalización de servicios (TISA).

Aquí resuena indefectiblemente el citado Consenso de Washington en su apartado referido a la liberalización de la inversión extranjera directa para conformar una política orientada al exterior: “la Inversión Extranjera Directa (IED) traería capital, conocimiento y experiencia, ya sea produciendo bienes necesarios para el mercado nacional o para contribuir a la expansión de las importaciones“. La desregulación, por su parte, promueve “de leyes y reglamentos que permitan la entrada de nuevos inversionistas y empresas nacionales y extranjeras, lo que a su vez beneficia a la IED“.

Una de las primeras medidas que tomaron los gobiernos de Uruguay y Argentina en este período fue cancelar las deudas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), desligándose de compromisos con este organismo multilateral de crédito. La práctica del FMI era tutelar a los países acreedores; a cambio de sus empréstitos, la institución adquiría el derecho de monitorear, recomendar y dirigir las políticas económicas [1]. Un ejemplo de esto fue la Carta de Intención firmada en junio de 2002 por el gobierno de Uruguay y el FMI, que dejaba plasmado el compromiso del país a “la introducción de nuevos marcos reguladores en varias áreas incluyendo electricidad, telecomunicaciones, agua y saneamiento, ferrocarril, transporte, etc.”, con sus respectivos plazos y acciones a tomar.

Para las organizaciones sociales estas recomendaciones eran más exigencias que compromisos, un verdadero manual de privatización, ya que el país entre otras cosas se comprometía a la “introducción de nuevas normas de calidad y controles para facilitar la inversión del sector privado”. El Plebiscito del Agua del de octubre de 2004 le puso freno al avance de las empresas privadas sobre el agua potable.

En noviembre de 2006 la prensa informa que el Ministro de Economía de Uruguay anuncia el pago del total de la deuda que quedaba pendiente con el FMI, aclarando que esto no significaba una ruptura sino el mantenimiento de relaciones de intercambio de informaciones y análisis de coyuntura “que serán de mutuo beneficio“. Argentina ya había cancelado sus obligaciones con dicho organismo en enero de 2006.

En la continuación del diálogo, que se ha extendido hasta nuestros días (2015), el FMI realiza diagnósticos periódicos, proyecciones y recomendaciones que han servido de respaldo a los lineamientos macroeconómicos del Uruguay. Las proyecciones para Argentina, en cambio, son desfavorables. Las relaciones de este país con el FMI han sido tensas: «América Latina pasó de ser un alumno del Fondo Monetario Internacional a darle lecciones al mundo, con su solidez e independencia financiera ante la crisis mundial», ha afirmado la ministra de Industria, advirtiendo que “Argentina lidera el proceso de cambio estructural en la región”.

Una de las características de la economía argentina en el período kirchnerista (2003-2015) fue la recuperación de sectores clave para el Estado, como los recursos energéticos (hidrocarburos), el agua y la logística (aereolínea de bandera y ferrocarriles). Una de las primeras medidas del presidente Néstor Kirchner en 2003 fue la estatización del Correo, mediante un decreto que rescinde el contrato de concesión a manos del poderoso empresario Franco Macri desde 1997.

En 2012 el gobierno de Argentina declara de “interés público y nacional” al “autoabastecimiento de hidrocarburos”, y por lo tanto “en uso de sus facultades constitucionales” expropia el 51 % de la acciones de Repsol YPF, controlando el Estado nacional el 26,01% del total y las provincias productoras el 24,99%.

ECONOMÍA Y POLÍTICA FISCAL: RETRACCIONES vs. CONCESIONES

Fue durante el 2008 cuando se dio el conflicto bisagra en el período kirchnerista, el episodio conocido como “conflicto del campo”. Se trató de un paro agropecuario y corte de rutas, denominado lock out pues los que realizaron el paro fueron los empresarios (en particular cuatro organizaciones poderosas del sector empresario de la producción agro-ganadera en la Argentina), no los trabajadores como sucede habitualmente.

El plan impositivo del gobierno establecía un sistema móvil para las retenciones a la exportación de soja, trigo y maíz. Para simplificar, el Estado se deducía el 35% a modo de impuesto a las exportaciones (esta medida también sirve para evitar la suba de precios en el mercado interno, y se ha aplicado entre otros sectores, al petróleo). Con el monto recaudado excedente, se preveía la creación el Fondo (Solidario) de Redistribución Social (2008), destinado a financiar hospitales y centros de salud públicos (60%), viviendas populares (20%) y caminos rurales (20%). De esta manera, las retenciones a la exportación de granos se destinarían a financiar planes sociales.

Las retenciones y “la distorsión de los precios” (que redunda en menor ganancia para los empresarios) [2] generan desconfianza en el sistema argentino. En declaraciones recientes, la Confederación Rural Argentina (CRA) declara que la agricultura es más rentable en Uruguay que en Argentina pese a que en el vecino país hay mayores rendimientos, lo que provoca que firmas argentinas opten por invertir en Uruguay: “La errónea política agropecuaria del gobierno argentino provocó que productores y empresas agropecuarias decidieran invertir y apostar al crecimiento en la agricultura uruguaya”. Según la CRA, esto se manifiesta en la caída de la inversión extranjera en Argentina, la fuga de depósitos y “en que productores o empresas del sector se vuelquen a la inversión en países como Uruguay donde las condiciones se dan dentro de un ambiente de previsibilidad de cara al futuro”.

En este sentido, el FMI destacó este año la “salud financiera que genera confianza en la inversión en Uruguay”, al tiempo que el Ministro de Economía confirma que mantendrá “políticas fiscales prudentes”. Un senador oficialista cuenta que Uruguay seguirá una política económica de corto plazo cuyo objetivo será reducir el déficit fiscal, es decir, las pérdidas económicas en el funcionamiento del Estado (el déficit fiscal se da cuando los gastos superan a los ingresos).

De hecho, el primer punto en el consenso de Washington era la disciplina fiscal: “los déficit fiscales grandes y sostenidos constituyen dislocamiento macroeconómico, que se presenta como inflación, déficit de pago y fuga de capitales; esta situación socava la confianza de los inversionistas. Con la política proteccionista bajan las exportaciones. Las retracciones disminuyen las ganancias de los exportadores, pero las concesiones los benefician por la exoneración de impuestos.

En Uruguay, la mayor preocupación para el actual período es el déficit fiscal [menor recaudación] y las presiones inflacionarias [menor consumo]. En 2014 el déficit fiscal fue de 1.900 millones de dólares (un 3,5 del PBI), el mayor desde el año 2002. Esto se explica en parte por el resultado deficitario de las empresas públicas, que según algunas cifras representó una pérdida de más de trescientos millones de dólares en 2014, con un saldo de cuatro años consecutivos de saldos negativos: Antel perdió ese año 276 millones de dólares, Ancap 53 millones y OSE 34 millones. En el otro extremo, UTE tuvo un superávit de 75 millones de dólares y la Administración Nacional de Puertos ganó 20 millones de dólares en 2014.

Aunque las pérdidas del Estado son importantes, según el criterio oficial Uruguay tiene una “holgura financiera gracias a la menor deuda neta de la historia con accesos al mercado financiero”; pero, sin embargo, esto “no significa que haya capacidad de gasto“. Holgura financieraQuiere decir que el país tiene a qué recurrir cuando necesite financiamiento”, o también una fluidez en el acceso a los mercados financieros:

“Uruguay debe ser una economía abierta” y máxime ante una panorama global “muy complejo”. “Uruguay no tiene otro camino que ser una economía abierta. Y cuanto más difícil esté el contexto internacional, más abierto tiene que estar el país. La peor reacción que puede tener un país abierto en dificultades internacionales es el cerrarse porque así asegura seguir vegetando en la mediocridad”, le dijo el Ministro de Economía a los legisladores.

Al mismo tiempo descarta aumento de impuestos (aún a las ganancias) y el control de precios. Sin embargo, debido a la misma política económica de promoción de inversiones, el Estado uruguayo renuncia a una gran cantidad de impuestos a través de exoneraciones y deducciones impositivas.

La renuncia fiscal, es decir, lo que el Estado deja de recaudar por exoneraciones a inversiones, por la privatización de parte del sistema jubilatorio, por beneficios a zonas francas, agro, transporte y patrimonio, fue de 1.563 millones de dólares en 2013. El sector más beneficiado por las exoneraciones de IRAE e impuesto al Patrimonio fueron las Zonas Francas, por el que se resignaron 384 millones de dólares [3].

En este punto conviene hacer una serie de acotaciones:

La recaudación impositiva o tributaria se denomina también “presión fiscal”, y mide la recaudación de impuestos en relación al tamaño de la economía (PBI). Esto es importante para saber cuánto le paga al Estado cada contribuyente en concepto de impuestos. Durante 2012, cada uruguayo aportó en promedio 2.786 dólares para el funcionamiento del Estado (el 75% para el gobierno central y el 25% para el pago de pasividades, según la CEPAL).

Actualmente, la presión fiscal en Uruguay es del 30,5% del PBI. Esto lo equipara a los “países ricos” de la OCDE, cuyos impuestos corresponden al 34% en promedio de su PBI. Sin embargo, la presión tributaria en los países de Latinoamérica está en el entorno del 20%. Por eso, muchos opinan que no se corresponden los impuestos que se pagan con los servicios que se reciben en estas latitudes.

presión impositiva latinoamérica OCDE

Uruguay es, junto a Argentina y Brasil, de los países con mayor presión tributaria de Latinoamérica. La presión tributaria en Uruguay pasó del 22% en 2004 al 30,5% en 2014. Los impuestos sobre el ingreso se duplicaron en el período 2004-2010 en nuestro país, constituyendo uno de los pocos países analizados por la CEPAL donde se constató este incremento.

presión tributaria argentina uruguay ocde

El sistema tributario uruguayo está compuesto por la imposición en tres áreas: el consumo, la renta y el capital. Con la reforma impositiva impulsada por el primer gobierno del Frente Amplio, se eliminaron impuestos menores que complicaban la gestión administrativa y se concentró la recaudación en nueve impuestos principales: impuestos al consumo (IVA e IMESI, 61,3%), impuestos a la renta (IRAE, IRPF, IASS, 31,4%), e impuestos a la propiedad (impuesto al Patrimonio, 6,3%).

En febrero de 2015 un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca señala que la presión fiscal sobre los sectores productivos, el agro, la industria y el transporte es bajo en el Uruguay (en el entorno del 7%), mientras que

Los que pagan muchos impuestos, los que tienen mucha presión fiscal en realidad son los consumidores uruguayos que son los viven y pagan sus impuestos en Uruguay.

Es curioso que un funcionario del gobierno haga una apreciación de este tipo, pues está reconociendo que la mayor recaudación proviene de la clase media en general, que la presión fiscal recae sobre los trabajadores en su conjunto. El impuesto al valor agregado (IVA), por ejemplo, un impuesto que grava el consumo, corresponde al 50% de la recaudación impositiva (un total de 5 mil millones de dólares en 2014).

Ranking de IVA en Latinoamérica

Ranking de IVA en Latinoamérica

Además de los impuestos al consumo (que, como vimos, representan el 61,3% de los ingresos del Estado), los ciudadanos de Uruguay deben aportar a la seguridad social (fondos jubilatorios), el impuesto de Primaria, impuestos municipales a la vivienda como la contribución inmobiliaria, impuesto de puerta, tasa de saneamiento, y en caso de tener vehículo, patente de rodados y seguro contra propios y terceros; las propias facturas de agua, electricidad, teléfono y combustible cuentan sus propias deducciones impositivas.

No fue sencillo encontrar datos sobre la presión fiscal por sector en Uruguay, es decir, aquellos rubros en los cuales el Estado recoge más impuestos. Un estudio de la Dirección General Impositiva de 2014, el cual presenta datos hasta el año 2012, muestra que ese año el 35,8% de los ingresos del Estado provenían de los impuestos sobre el suministro de electricidad, gas y agua. En el año 2008, el 47% de la presión fiscal recaía en este sector.

presión tributaria por sector en uruguay

Esto significa que cada ciudadano con las facturas de sus gastos cotidianos está financiando buena parte del funcionamiento del Estado central.

La disyuntiva dentro del gobierno y de la fuerza política en general es clara: un sector propone revisar las exoneraciones tributarias; otro considera que sin promoción de inversiones ni Zonas Francas “no llegarían tantas inversiones al país ni se generaría tanto empleo“.

Las críticas al sistema impositivo uruguayo vienen tanto “de izquierda” como “de derecha”. Por ejemplo, los análisis de Red de Economistas de Izquierda de Uruguay (REDIU) presentan datos de lo que han calificado como “injusticia tributaria”. Según La torta y las migajas (2010), en el período 2005-2012 se favoreció al capital financiero: pagar la deuda externa como primera prioridad, a costa de la inversión interna. Aumentó la carga impositiva a los trabajadores, pero no a la renta: impuesto al trabajo e impuesto al consumo, afectando a los sectores más bajos. En materia económica, se dice que predomina la visión neoclásica de que solo deben financiar al Estado aquellos agentes que no ahorran, estos son: trabajadores y pasivos. Mantener el statu-quo: “A esto se redujo el rico y fecundo legado del FA”, afirma la REDIU.

Por otro lado, algunos analistas de la oposición señalan que

la estructura tributaria uruguaya revela una profunda inequidad horizontal en la medida que no afecta, por razones de capacidad contributiva, a los sectores más vulnerables de la sociedad y no incide mayormente, por razones estratégicas, sobre los sectores donde más crece la economía (agroexportador, informático, bancario, zonas francas, etc.) impactando principalmente en las capas medias trabajadoras, empresarias, jubiladas, profesionales y agropecuarias.

Uruguay trabajo OCDE

2015-07-28 20.49.092015-07-28 20.48.33El principal impuesto que recauda la Dirección General Impositiva es el IVA, el impuesto al consumo que representa la mitad de los ingresos de la DGI.

CRECIMIENTO EN URUGUAY: INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA

El gobierno de Uruguay ha anunciado que la prioridad fundamental para este período es la mejora de la infraestructura (con énfasis en carreteras y puertos); el estímulo a la producción forestal, plantas de celulosa y genética vegetal y animal; la transformación de la matriz energética, fomentando renovables y la búsqueda de hidrocarburos; además del turismo y las tecnologías de la información. Para esto anunció en julio de 2015 un plan de U$S 12.000 millones en obras de infraestructura: US$ 4.230 millones a inversiones en energía, US$ 2.360 millones a vialidad, US$ 1.870 a infraestructura social, US$ 1.320 millones a vivienda, US$ 750 millones a comunicaciones, US$ 550 millones a agua. La inversión pública será de 2/3 partes, y la inversión privada, 1/3 parte. Es un país “en obras“, donde los sindicatos cuestionan que el financiamiento viene por parte de privados más el acceso a préstamos internacionales.

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Vázquez hizo anuncios acompañado de sus ministros. Foto: Presidencia. 27 de julio, 2015.

El Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Bienes y Servicios (Uruguay XXI), un organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay que “trabaja para internacionalizar la economía uruguaya, promoviendo el crecimiento de las exportaciones y el posicionamiento del país como un destino estratégico para las inversiones productivas” ha presentado un informe donde afirma que el aumento de los salarios reales y el empleo elevado incentivaron el consumo, destacando la instalación de marcas internacionales. La consultora recomienda que la inversión en el período 2015-2020 debe priorizar los siguientes sectores:

➜ Uruguay como un hub logístico, un polo o centro de distribución regional de servicios. Para esto, se promueve la inversión en infraestructura, especialmente en carreteras, puentes y puertos: “Invertir en infraestructura es ganar puestos de trabajo, mejorar las condiciones de producción, la competitividad y la calidad de vida de todos los uruguayos“, señala el Presidente Vázquez.

Inversiones en la cadena agroindustrial: “desde la genética animal y vegetal hasta la elaboración de alimentos de alto valor agregado”. Potencial en negocios asociados a la actividad forestal como el desarrollo de plantíos, servicios logísticos, generación de energía a partir de la biomasa. Existen recursos disponibles para la instalación de una tercera planta de celulosa de gran porte.

➜ Transformación de la matriz energética. Se valora el potencial en energía solar fotovoltaica, biomasa, biocombustibles y “valorización de residuos”. Si bien todavía no hay reservas probadas de hidrocarburos, “las posibilidades de presencia de acumulaciones comercialmente explotables son cada vez mayores“. Se prevee el lanzamiento de una tercera ronda de adjudicación de bloques de exploración marina en el correr de este año.

Deslocalización de actividades. Los empresarios destacan las ventajas que existen tanto por recursos humanos calificados a “costos competitivos” [mano de obra barata] como por la “infraestructura tecnológica de primer nivel”, entre otros. Se promueven los sectores de servicios: Tecnologías de la Información (TICs), Servicios Profesionales, Empresariales y de Conocimiento (outsourcing), Farmacéutica y Salud, Industria Audiovisual y Arquitectura e Ingeniería.

➜ Creciente interés de turistas regionales con un flujo total que supera los 2 millones de turistas al año. Se advierte que el sector cuenta con “normativa favorable” para la inversión en infraestructura hotelera.

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Gráfica que acompañó la exposición del Presidente Vázquez.
El aumento en la inversión pública se cuadriplica en 20 años.

CRECIMIENTO EN ARGENTINA: INDUSTRIALIZACIÓN A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Para estimular la producción nacional el gobierno aplica una política de restricción de importaciones de diferentes insumos y productos en aquellas áreas “donde la industria local está en condiciones de satisfacer esa demanda“. El modelo argentino considera que “La inclusión social significa generar capacidad de compra para los argentinos, y así incentivar el mercado interno. El rol del Estado es fomentar “una demanda interna vigorosa

Para ello, impulsa varios programas para sostener la demanda de los bienes de la industria nacional, “lo que explica el crecimiento de la industria durante los últimos diez años”, según el Ministro de Economía. El mismo señala que el empleo es “la mejor forma de inclusión social”, y para eso el país intenta fortalecer su sector industrial con la participación determinante del Estado. Kicilloff opina que así lo están haciendo todos los países emergentes, y que la desindustrialización fue una política de Estado en Argentina en el pasado. Sostiene el Estado debe llevar el liderazgo de la industrialización, “porque el libre mercado, el liberalismo, no lo hará“. Para ello, entre otras medidas, fomenta a través de créditos estatales a pequeñas y medianas empresas.

Los sectores de la industria que más han crecido desde 2003 son la automotriz (producción de vehículos), farmacéutica, minera y metalmecánica. En los últimos dos años el sector automotriz, pilar de la industria argentina, ha estado pasando un período “de enlentecimiento” por la caída de las exportaciones a Brasil, que representaban el 50% de su producción. En realidad, Argentina ensambla partes de automóvil. Hay 11 plantas de las principales marcas internacionales. El volumen de integración (es decir, los componentes de cada auto producido por la industria local) es de 20%, sobre todo las partes de menor valor agregado.

El sector agroalimentario también presenta particularidades, como en el caso de la soja. Argentina encabeza los rankings de exportaciones de aceites y harinas, liderando el comercio mundial de soja industrializada a pesar de tener una producción anual inferior a la de Estados Unidos y Brasil, los mayores productores mundiales de esta oleaginosa. Según datos de la USDA, en el ciclo 2013/2014 Brasil y EEUU exportaron en el entorno de 45 millones de toneladas granos de soja, y Argentina tan solo 7,8 millones. Sin embargo, Argentina contribuyó al 44% de las exportaciones mundiales de aceite de soja (4,9 millones de toneladas), y exportó 25 millones de toneladas de harina de soja (seguida por Brasil, con 14 millones).

FONDOS JUBILATORIOS Y GASTO SOCIAL

El Banco Mundial (BM) ha destacado a Argentina como el país “que mejor focalizó el gasto social”: el gasto destinado a los sectores más vulnerables se multiplicó por 8 veces y medio en 10 años (1,86% del PBI en 2010). De esta manera, superó el promedio de países en desarrollo, que “gastan 1,6% de su PIB en redes de protección social”. Según el mismo informe del BM, Argentina destina más de 50% al quintil más pobre de la sociedad. Apoyada en datos de CELAC, la Presidenta señaló ante el Congreso que Argentina es el país que realiza el mayor gasto per cápita en materia social (unos 1.596 dólares) en comparación al resto de los países de la región.

La Encuesta Nacional de Protección y Seguridad Social (Enapross) de 2011 refleja la incidencia de las transferencias directas e indirectas del sector público sobre la población, lo que el periódico Página/12 califica de “proceso de reconstrucción del aparato estatal“. Según esta encuesta, el 90 por ciento de los hogares argentinos está alcanzado por alguna de las prestaciones del Sistema de Protección Social, que son “instrumentos orientados a garantizar un piso de ingresos, acceso a la salud, educación e infraestructura“. Las transferencias monetarias realizadas desde el Estado –a través del gasto público– representan más del 30 por ciento del ingreso total de los hogares. Del total de menores, el 74,5 por ciento se encontraba cubierto por el Sistema de Protección Social. Aunque se prioriza el empleo, desde el enfriamiento del sector automotriz a partir de 2009, los planes sociales han pasado a ocupar un lugar más relevante.

Uruguay duplicó su gasto público social durante los gobiernos progresistas en comparación con los gobiernos anteriores, según un estudio interministerial. Durante el gobierno de José Mujica, se destinaba el 25% del PBI para el gasto social, aquellas actividades financiadas por el Estado “que buscan la disminución de la pobreza y redistribución del ingreso; la formación, expansión o renovación de capacidades humanas; el cumplimiento, respeto, protección y promoción de los derechos de la ciudadanía”. Según este estudio, el gasto que más se incrementó en los gobiernos del FA fue el destinado a salud y educación. Las inversiones estatales en el seguro de salud pasó del 1,6% del PIB entre 1999 y 2007 al 3,6% en la actualidad. Las asignaciones familiares y el seguro de desempleo pasaron del 1% del PIB en 1999 al 1,2% en el período progresista.

Estos datos muestran el interés el Estado uruguayo en mejorar las condiciones de vida de la población. Sin embargo, la Primera Encuesta Nacional de Salud, Nutrición y Desarrollo Infantil presentada en 2015 mostró que el 4,3% de los niños de entre 0 y 3 años en Montevideo padecen inseguridad alimentaria severa (hambre), y el 41,5% es víctima de inseguridad alimentaria. El 4,3% representa a niños que viven en hogares con inseguridad alimenticia severa, lo cual equivale a 7.926 menores expuestos al hambre. La Ministra de Desarrollo Social opina que esto no está pasando en el Uruguay, No están pasando hambre porque estaríamos en una omisión absoluta.

La encuesta también revela que el 38,1% de los encuestados dijo que en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos sintió “preocupación porque los alimentos se acabaron en su hogar”. En cuanto a la vivienda, hay una fuerte prevalencia del hacinamiento, con uno de cada cuatro hogares viviendo en estas condiciones. La cifra aumenta al 44,5% al considerar a los hogares bajo la línea de pobreza.

El 16% de los 7.926 niños y niñas que no tienen qué comer no cobran Asignación Familiar (AFAM), y la Tarjeta Uruguay Social llega apenas al 36% de los niños de 0 y 3 años con inseguridad alimentaria severa. El presupuesto para este plan en el período pasado fue de 1.156 millones de pesos y, aunque disminuyó el número total de beneficiarios (de 80.000 en 2011 a 63.000 en 2014), se duplicó la cantidad y el monto de la prestación en los hogares más vulnerables (de 15.000 y 2011 a 30.000 en 2014). Además, el Programa de Alimentación de Primaria llega a 98% de las 2.350 escuelas del país, equivalentes a cerca de 250.000 niños.

Recientemente, el sindicato de profesores de Secundaria denunció que en el liceo de Parque del Plata (Canelones), 50 de 300 adolescentes que van al turno de la mañana tienen problema para alimentarse y los funcionarios tienen que llevar comida y bolsas de leche para estos estudiantes. Sin embargo, constatan que esto sucede en centros de educación media de todo el territorio nacional: “Tenemos una realidad que es muy compleja en muchos puntos del país”, afirma un dirigente del sindicato de profesores de Montevideo (ADES). Denuncia que hay zonas de Montevideo donde de grupos de 30, por lo menos cuatro o cinco estudiantes no comen en sus hogares.

En 2008, mediante la creación del ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), Argentina estatizó las AFJP (Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), empresas privadas de la época de Menem (1993) que administraban los fondos generados con los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores. En la actualidad, las jubilaciones son gestionadas por un ente público descentralizado dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Algunos programas sociales que gestiona en la actualidad son el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar – 2014), iniciativa dirigida a jóvenes de 18 a 24 años que no tienen empleo, trabajan informalmente o perciben un salario menor al mínimo. Según informan, más de 550.000 cobran la prestación y se han otorgado más de 60.000 becas estudiantiles. En marzo de 2015 se anunció que se ampliaría la cantidad de jóvenes cubiertos por el programa a 1.280.000.

Otro programa social muy promocionado es la Asignación Universal por Hijo (AUH – 2009), «un derecho que les corresponde a los hijos de las personas que están desocupadas, trabajan en la economía informal con ingresos iguales o inferiores al Salario Mínimo, Vital y Móvil, trabajadores del servicio doméstico. El cobro de la Asignación Universal por Hijo requiere la acreditación anual de escolarización y controles de salud de los niños. Se abona a los menores de 18 años, hasta un máximo de 5 hijos, priorizando a los hijos discapacitados y a los de menor edad». Consiste en una pensión de $837 mensuales y es recibida actualmente por 3,6 millones de beneficiarios. La oposición critica que la AUH no es universal: “En la práctica, el 28% de los pibes menores de 18 años (3.677.665) están afuera del sistema de asignaciones”.

Por su normativa, Uruguay renuncia al uso de los ahorros de las jubilaciones, ya que se manejan a través de un sistema previsional mixto (público y privado) creado en 1996 con una importante participación de capitales privados a través de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). En 2015 las AFAP manejan fondos por más de 10.500 millones de dólares, con cuatro fondos de pensión que registran 1.281.505 afiliados al sistema. República AFAP (propiedad del Banco República, del Banco de Previsión Social y del Banco de Seguros del Estado) es quien capta más de la mitad de los fondos del sistema, seguida por Sura de Colombia, Banco Itaú e Integración AFAP. Por exoneraciones fiscales a estos Fondos, el Estado resignó 142 millones de dólares por concepto de IRPF en 2014.

Según ha trascendido, existiría la posibilidad de que se estudien cambios en la reglamentación para que las AFAP inviertan en infraestructura. Sin embargo, dicha posibilidad no ha sido manifestada por ningún actor político de manera pública. La versión que sí ha sido defendida por el vicepresidente de la República es echar mano a las reservas del Banco Central, por un  monto de 2.500 millones de dólares para infraestructura (las reservas actuales de Uruguay son del entorno de los US$ 18.000 millones).

En el último año el Estado Argentino ha incorporado dentro de su gasto social al 94% de las personas en edad de jubilación, alrededor de 500.000 de ellos a través de un plan de inclusión previsional como el caso de personas que tuvieron una vida laboral activa pero que no realizaron aportes. La Ley de Movilidad Jubilatoria, a su vez, creó una normativa para un sistema de ajustes automáticos (dos aumentos anuales) que rige desde marzo de 2009, cuyo fin es proteger a los jubilados de la inflación. En enero de 2015 el gobierno anunció un aumento del 18,26% a las jubilaciones, llevando la mínima de $3.231 a $3.821 (420 dólares). Como señala la Presidenta, en 2003 la jubilación mínima eran 150 pesos argentinos, por lo que la misma aumentó 2.550% (25 veces) en 12 años.

En Uruguay, por su parte, hace pocas semanas los jubilados reclamaban a las puertas de Casa de Gobierno: “¿Quién puede vivir con ocho mil pesos por mes?”. La Organización de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU) exige una jubilación mínima de 14.000 pesos (493 dólares). El aumento de mitad de año fue de 381 pesos para las jubilaciones mínimas, lo que situó en 8.011 pesos dicha pasividad (282 dólares). La proyección del gobierno es que en 2019 se llegará a los 15.000 pesos. En 2003 la jubilación mínima en Uruguay era 1.200 pesos (42 dólares).

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PRECIOS: INTERVENCIÓN vs. LIBRE MERCADO

La sensación de que Uruguay es caro para vivir es una realidad que se constata en comparación con otros países. Además de la fuerte carga impositiva sobre los salarios,  la vivienda y los servicios básicos, un estudio reciente muestra la incidencia de los sobreprecios a los productos de consumo masivo, “algunos que componen la canasta básica, y que están bajo el dominio de trasnacionales y ciertas empresas regionales de renombre“.

Los sobreprecios ocurren cuando las «empresas multinacionales fijan precios de productos importados –jabones, champúes, artículos de limpieza, galletitas, jugos– que muestran diferencias exorbitantes entre los costos declarados en la aduana y lo que el público paga en los supermercados». La política del Ministerio de Economía ha sido no intervenir en los precios, con la premisa que “el mercado se regula solo”; una Comisionada explica que “El comercio es libre y está regulado por la oferta y la demanda. Fijar precios altos no es ilegal”.

Sin embargo, los sobreprecios en Uruguay llegan en casos extremos a los 1.000 puntos porcentuales sobre los costos de importación. En Uruguay, los mismos productos, de las mismas marcas, tienen diferencias abismales de precio con respecto a los de la región. En todos los casos el mismo producto, fabricado por la misma trasnacional, cuesta en Uruguay, como mínimo, el doble que en Argentina.

Por ejemplo, en Uruguay la pasta de dientes Colgate de 180 gramos se importa a 11,25 pesos y se vende a $111; y la pasta dental Aquafresh de 181 gramos se importa a 23,2 pesos y se vende a $107. Existen otras marcas que tienen un precio de importación de 32,75 pesos y se pagan en supermercados a 243-258 pesos (un sobreprecio de 742 por ciento).

El jabón líquido Cif de Unilever de 600ml se paga en los supermercados de Buenos Aires al equivalente a 42 pesos uruguayos; en Montevideo cuesta el doble, 82 pesos, que además representa un sobreprecio de 500 por ciento sobre la cifra declarada de importación (16,61 pesos).

En cuanto a los shampoos, las marcas Head & Shoulders y Pantene tienen un precio de importación de 64,4 pesos uruguayos para la modalidad de 400 ml, mientras que se venden en las grandes cadenas de supermercados a alrededor de 200 pesos en el caso del champú, y a 190 pesos en el caso de los acondicionadores. Lo mismo sucede con las marcas Dove y Clear de la empresa Unilever, que tienen un costo de importación de 23 pesos uruguayos en el envase de 400 ml, mientras que su precio de venta al público es de 201 pesos.

Las autoras del artículo publicado en Brecha afirman que «Esta realidad no parece explicarse por costos, ni por cargas impositivas, ni por dimensiones de mercado, ni por el tipo de cambio. Una muestra de unos 50 productos de consumo masivo […] revela la inconsistencia del concepto de la autorregulación de precios en un mercado libre».

Aventuran, en cambio, la pregunta “¿Estrategia de cártel?“, ya que encuentran que «empresas que supuestamente son competidoras entre sí tienen acuerdos sobre precios», práctica que ha sido recientemente penalizada en Francia, China e Italia. Estos elementos estarían dando pie a lo que la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia, del Ministerio de Economía y Finanzas, califica como “acuerdo colusorio”, una práctica en la que dos o más empresas competidoras en un rubro acuerdan fijar los precios de sus productos para obtener las mismas ganancias. Pero las autoridades no quieren darse por enteradas de políticas comerciales que agreden el bolsillo de todos los ciudadanos, sostienen las autoras.

Según un economista y docente universitario, la política de de exoneración de impuestos a la importación «repercute de manera directa en la producción nacional debido a que es más costoso producir aquí que importar el producto ya terminado. El esquema contribuye a explicar, por otra parte, la penetración sostenida en el mercado nacional de productos extranjeros de consumo masivo (chocolates, pastas, aceites, jugos, además de los mencionados) y el proceso de extranjerización por la vía de compra de empresas de origen nacional».

Esto recuerda a otro de los puntos del Consenso de Washington, el relativo a la liberalización del comercio, que proponía que los permisos de importación se deben reemplazar por aranceles, “con el derecho de los exportadores a descuentos sobre cualquier arancel remanente sobre insumos importados“. La idea era liberalizar la importación de insumos necesarios para la producción de exportación.

En marzo de 2015, un comparativo mostró que el precio canasta básica es un 53% más caro en Uruguay que en Alemania.

• Harina (1 kg) – 9 $ – 45$
• Aceite de maíz (1 lt) 28 $ – 48 $
• Salsa de tomate (frasco 500 g) – 11 $ – 49 $
• Pan (de molde, 750 g en Alemania vs. 500 g en Uruguay) – 44 $ – 106 $
• Azúcar (1 kg) – 28 $ – 34 $
• Sal (1 kg) – 17 $ – 29 $
• Shampoo – 56 $ – 129 $
• Detergente de cocina – 28 $ – 46 $
• Detergente para baño – 42 $ – 85 $
• Pasta de dientes (misma marca, 300 g) – 42 $ – 83 $
• Papel higiénico (8 rollos) – 55 $ – 85$

En junio de 2015, unos viajeros uruguayos en Rusia adquirieron 27 artículos y comida para una semana a 850 pesos uruguayos:

• 2 empanadas de carne – 8 pesos
• 1 paquete de fideos – 8 pesos
• 2 bolsas pan lactal – 35 pesos
• 1 manteca de 200 gr – 20 pesos
• 1 carne picada 600 gr – 108 pesos
• Pechuga de pollo (800 gramos) – 65 pesos
• 1 pollo entero de 1.6kg – 108 pesos
• 2 pizza familiares – 90 pesos
• 1 queso rallado 200 gr – 32 pesos
• 1 mayonesa 250 gr – 17 pesos

• 2 litros de jugo de frutas – 54 pesos
• 6 jabones de tocador – 35 pesos

Evolución del salario mínimo en dólares según tipo de cambio actual en cada país.

Evolución del salario mínimo en dólares según tipo de cambio actual en cada país.

COMBUSTIBLES: GRAVÁMENES vs. SUBSIDIOS

Según datos del Banco Mundial, en 2014 Noruega, Holanda, Italia y Hong Kong encabezan la lista en el ranking de precios del combustible. Apenas un escalón por debajo se encuentran países como Uruguay, Suecia, Francia, Nueva Zelanda y Alemania. Le siguen Chile y Argentina, un poco por encima de la media, seguidos de Perú y más abajo Brasil, que tiene precios cercanos al promedio mundial.

El combustible más barato del mundo se paga en Venezuela (0,02 dólares por barril), al nivel de potencias de medio oriente como Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Ecuador, Bolivia y Estados Unidos también se cuentan entre los países con el combustible de menor precio por litro.

En Uruguay se paga el combustible más alto de la región, aunque el fenómeno se arrastra de mucho tiempo. Tanto en 2002 como en 2007, al igual que en 2013, diferentes consultoras incluyen al país entre los países con el precio del combustible más caro de América, y entre los primeros del mundo.

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A diferencia de Uruguay, en Argentina, el Estado aporta fuertes subsidios al combustible, por lo que se rebaja el precio, lo que contribuye a aumentar el consumo. En Uruguay el Estado Nacional no realiza medidas de este tipo. El costo de la nafta Súper en Argentina es 1,3 dólares por litro ($11,78, con el dolar a $9.1); en Uruguay es 1,53 dólares por litro ($43,50, con el dólar a $28,4).

La visión cada vez más difundida es que Ancap en el último período se convirtió en un ente recaudador, que ha generado negocios incomprensibles y pérdidas enormes para las arcas públicas. Lo que más le choca a la gente es el aumento de la nafta, que repercute a mediano plazo directamente en el transporte y en el resto de los productos.

El IMESI, por ejemplo, es un impuesto que se aplica a los combustibles y que en enero de 2015 representaba el 46,7% de lo que se pagaba por litro (19 de 40). El presidente de Ancap desestima la estimación afirmando que tan solo el 25% del costo del combustible es por concepto de este impuesto.

Las causas que explican la situación en Uruguay tienen varias lecturas, pero están enfocadas sobre todo en la gestión. Se ha aprobado una comisión investigadora que estudie diferentes aspectos de la empresa durante el período 2013-2014, enfocada en los siguientes temas:

• Situación económico-financiera (déficit): En 2014 perdió 324 millones de dólares y en 2013 US$ 169 millones;
• Pérdida de patrimonio, de US$ 460 millones en 2005 US$ 432 millones en 2014;
• Deuda: las denuncias señalan que se multiplicó por 6,5 entre 2005 y 2014;
• Gastos en sueldos: en el rubro honorarios y servicios contratados se gastaron 85 millones de dólares en el ejercicio 2014 (33% más que el año anterior);
• Gastos en publicidad: 10,7 millones de dólares en los últimos dos años, superado únicamente por Antel en este rubro;
• Compras: gasto de 12,5 millones de dólares en barcazas y un remolcador que nunca funcionó.

La pregunta que muchos se hacen es por qué la oposición no planteó las denuncias a su debido momento, ya que tenía participación en el directorio de la empresa. Además, debido a una situación irregular, Uruguay perdió en su momento la posibilidad de abaratar los combustibles a través de un intercambio comercial con Ecuador, que a la postre resultó fallido.

En 2010 los gobiernos de Uruguay y Ecuador firman un contrato por el cual el gobierno ecuatoriano enviaría 16 millones de barriles de petróleo a Uruguay, a razón de 360 mil barriles por mes. El acuerdo consistía en que “Ecuador nos entrega petróleo, nosotros lo refinamos, con una parte de ese refinado abastecemos las necesidades del mercado interno y la otra parte va hacia Ecuador en pago del petróleo recibido“. Todo esto se enmarcaba en una estrategia de integración latinoamericana. Sin embargo, en diciembre de 2011 el contrato se canceló. Según las autoridades uruguayas, hubo un malentendido sobre la interpretación del contrato. Lo que sucedió fue que Ancap firmó un contrato con Trafigura, una multinacional calificada por Rafael Correa, el presidente de Ecuador, como “mafiosa”, y estaba suspendida para operar en ese país. Trafigura estuvo envuelta en escándalos de corrupción en varios países latinoamericanos.

«El contrato entre Ancap y Trafigura implicaba que esta empresa hiciera la intermediación del contrato entre Petroecuador y Ancap. Como resultado, de los 16 millones de barriles de petróleo que Petroecuador entregó a Ancap en 2011 para que hiciera el trabajo de refinación, apenas 720.000 barriles llegaron a la refinería de La Teja (Montevideo) y el resto fue vendido por Trafigura a petroleras de Estados Unidos. Precisamente, lo que no quería el presidente Correa ni, aparentemente en el origen, tampoco las autoridades uruguayas».

Entre los embarques de 2010 y 2011, el negocio total ascendió a U$S 6.400 millones, de los cuales Ancap recibió solo U$S 6 millones. Cuando la situación salió a la luz en Ecuador generó una profunda reacción de la oposición, calificando la operación como “estafa”. Con respecto a los 6 millones de dólares que ganó Ancap, el entonces presidente de la empresa petrolera (Raúl Sendic) dijo que se trató de “una experiencia muy importante para nuestra área de comercio exterior”.

AEROLÍNEA DE BANDERA: ESTATIZACIÓN vs. VACIAMIENTO

PLUNA Líneas Aéreas Uruguayas fue una aerolínea fundada en 1936 que dio quiebra en el año 2012 durante el gobierno de José Mujica, lo que representó el punto mas bajo de su gobierno al alcanzar ribetes de escándalo (simulación de subasta pública, funcionarios procesados, ex-jerarcas encarcelados, etc.). Luego del cierre, los problemas han persistido en los intentos de conformación de una nueva aerolínea de bandera uruguaya fundada por ex-trabajadores.

El déficit de Pluna fue de 85 millones de dólares entre 2007 y 2011, aunque la oposición habla de la pérdida total de 280 millones de dólares que habría producido el “vaciamiento” de la empresa. Ya en la década de 1990 Pluna había realizado una asociación con Varig donde a la postre el Estado terminó perdiendo 159 millones de dólares.

En Argentina, el Estado compra en 2008 las acciones de Aerolíneas Argentinas y Austral. En los años de gestión pública  el foco de los cuestionamientos políticos y mediáticos estuvo centrado en las pérdidas de la empresa. Las autoridades hablan de un negocio aéreo subvencionado por el Estado, el cual habrá que esperar hasta 2019 para que sea rentable.

Aerolíneas Argentinas pasó de tener 26 aviones en 2008, a 71 en 2015, incrementando la cantidad de vuelos, así como la cantidad de pasajeros por año, de 5,3 a 9,7 millones en el período considerado. El presidente de la empresa afirma que el valor de la flota se incrementó de 342 millones a 1.635 millones de dólares.

Según los datos divulgados, cuando se dispuso la estatización el déficit de Aerolíneas era 942 millones de dólares y la facturación llegaba a los 1.000 millones anuales. Durante 2013, las pérdidas se redujeron a 250 millones con un volumen de ingresos del entorno de 2.000 millones de dólares. Esto habilita a las autoridades a afirmar que el déficit bajó un 70% en cinco años, al tiempo que redujo a la mitad su dependencia económica del Presupuesto central. Clarín informa que en 2014 la compañía tuvo un aporte de US$ 348 millones del Gobierno Central.

FERROCARRIL: PRIORITARIO vs. INVIABLE

En abril de 2015 se promulga en la República Argentina una normativa que declara de “interés público nacional” y un “objetivo prioritario” a la política de reactivación de los ferrocarriles. De esa manera se crea la empresa Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, como encargada de la operatoria de todos los trenes de pasajeros y de cargas, lo cual “devuelve al Estado Nacional el gerenciamiento de este sistema de transporte”.

Al mismo tiempo, se confirma la fabricación de 1.000 vagones de carga en la Fábrica Militar de Río Tercero (provincia de Córdoba), un centro de vagones de carga y cisterna para YPF. En la planta “se va a llevar adelante el ensamblado de los vagones, pero gran parte de las piezas van a provenir de una veintena de proveedores metalmecánicos de distintos puntos del país, como Córdoba, Santa Fé o Buenos Aries que dan trabajo a centenares de trabajadores“. Para los teóricos del desarrollo, este sería un verdadero ejemplo del concepto de “encadenamiento productivo”.

En relación a Argentina, las reconfiguraciones institucionales están en marcha en el plano normativo y discursivo, aunque hacen falta más datos en relación a la práctica, a los resultados reales y la ejecución efectiva de las políticas. Sin embargo, por poner un ejemplo palpable, en Uruguay la Estación Central de Ferrocarril se encuentra en estado ruinoso.

En la gestión de AFE hubo turbiedades que afectan la ética pública, como las maniobras del director blanco Mauricio Cusano, que usó dinero público del ente para gastar en almuerzos en la parrillada de su esposa; o la del exvicepresidente Juan Silveira, que cobró más sueldo por quedarse en su casa un año sin trabajar. En marzo de este año, una ex-sindicalista y presidente saliente de la empresa envió una carta a todos los funcionarios, apuntando sobre el escaso salario de los trabajadores, la falta de locomotoras y de repuestos para las máquinas.

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En cuanto a números, el transporte de carga de AFE tuvo su tercer peor año desde la crisis de 2002. En 2014 se transportaron 880.000 toneladas, casi la misma cantidad que en 2003. El peor registro fue 1972, cuando transportaron 750 mil toneladas. En el período 2010-2015 se perdieron 220 puestos de trabajo. Para remediar esto, hace pocos días el Presidente Vázquez anunció una inversión de US$ 360 millones de dólares en el ferrocarril durante los próximos cinco años.

Esto puede parecer insuficiente si se toma en cuenta que el sector del transporte carretero (especialmente de camiones) invirtió un estimado de 550 millones de dólares en cinco años, especialmente en compra de vehículos. Sin embargo, se comprende bajo la lógica que esta actividad tiene enorme influencia de manera directa e indirecta en la economía por la utilización de insumos mecánicos (repuestos, neumáticos, mano de obra), de combustible y derivados, patentes municipales, seguros contra terceros, peajes en ruta, generación de puestos de empleo, contribuciones salariales, impuestos como IVA, IMESI y demás. La contracara es que debido al aumento del transporte pesado, los caminos y rutas presentan un deterioro sin precedentes. Para mejorar el sistema vial, el gobierno prevé realizar siete llamados por US$ 700 millones en este 2015.

VIVIENDA: INTERÉS SOCIAL vs. INTERÉS COMERCIAL

El Programa de Crédito Argentina (Procrear) vigente desde 2012 prevé el otorgamiento de créditos para la construcción de hasta 400.000 “viviendas populares” entre los años 2012 y 2016. Los créditos son otrorgados por el Banco Hipotecario, y se incluye la adjudicación de terrenos fiscales para la construcción de las viviendas.

En lo que va del 2015 el plan Procrear aprobó más de 44 mil soluciones habitacionales, según se desprende del informe de desempeño comercial realizado por el Banco Hipotecario, el operador designado por la ANSES para el desarrollo del programa. Durante el primer semestre del año se registró un promedio diario de 333 soluciones de vivienda, un 45% para la construcción de nuevas unidades habitacionales.

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En Uruguay se aprobó la ley 18.795 de Promoción de Vivienda de Interés Social en 2011, con el objetivo de ser “un apoyo en materia habitacional para la clase media y media baja”, promoviendo la inversión privada a través de la exoneración de tributos e impuestos a la construcción.

A pesar del impulso, a cuatro años de aprobada la ley los resultados muestran que la vivienda social en Uruguay no llegó aún a la clase media, se acumuló en los sectores de alto poder adquisitivo y favoreció la especulación. El propio gobierno admite que la mayoría de las viviendas terminan en manos de sectores de mayor poder adquisitivo.

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El precio del metro cuadrado de la Vivienda de Interés Social en Montevideo está en el entorno de los 1.900 dólares de promedio. En 2013, el precio medio de una vivienda era de U$S 95.855. Tanto las autoridades como los operadores inmobiliarios entienden que un precio de aproximadamente US$ 100.000 por comprar una obra “en pozo” no resulta accesible para la clase media. En febrero de 2015 se informaron algunas cifras sobre la vivienda de interés social:

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En julio se anuncia que hay 8.150 viviendas en construcción, 1.830 unidades terminadas y alrededor de 3.000 sin iniciar.

Sin embargo, el problema no es la falta de vivienda, sino la especulación inmobiliaria. Según el Censo Nacional de 2011 y la Defensoría del Vecino de Montevideo, existen 252.400 viviendas desocupadas en Uruguay. Paradójicamente, se estima que en 2020 harán falta 80 mil viviendas en todo el país, por lo que se discute un proyecto de ley que busca un cambio jurídico a la situación de los bienes inmuebles abandonados.

El problema es el caos en el ordenamiento territorial de Montevideo, y en general de todo el país, debido al aumento del precio de la tierra y el costo de la vivienda. La legislación municipal prevé multas de hasta el 600 por ciento de la Contribución Inmobiliaria para estas viviendas abandonadas, pero en los últimos años no se han realizado juicios por cobro.

«Hace algunos años, la Cátedra de Sociología Urbana de la Facultad de Arquitectura identificó la existencia de 133 hectáreas de suelo vacante en 26 barrios ‘intermedios’ como ser Cordón, Aguada, Goes, La Comercial, Brazo Oriental, Arroyo Seco, Bella Vista y Capurro. Esto indica que se podrían reubicar unas 32.500 personas en zonas con todos los servicios y equipamientos urbanos».

Si bien se han presentado propuestas para gravar las viviendas desocupadas con impuestos adicionales de hasta el 300% de la contribución inmobiliaria, en la práctica el sistema político no ha logrado consensos para resolver el problema de la vivienda, ya que tan solo en Montevideo hay 53 mil viviendas abandonadas, 10.000 de ellas en estado ruinoso. También es lógico pensar que hay una porción muy grande de viviendas que no se ponen en el mercado debido la especulación, o no llegan a ocuparse por los precios privativos de los alquileres.

Un informe de la consultora Euromonitor International refleja que en Uruguay el gasto destinado por habitante a pagar la vivienda triplica al promedio latinoamericano, ascendiendo en 2012 a unos 2.845 dólares anuales. En aquel momento el gasto de cada uruguayo para pagar su alquiler equivalía a unos $ 4.816 mensuales (per cápita, no por hogar). El gasto promedio de los uruguayos incluso duplica el de los chilenos, que ocupan el segundo puesto del ranking con US$ 1.438 gastados en el año. Y, si se compara con los países vecinos, la brecha es de 103% con Brasil y de 138% con Argentina.

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La Ciudad Vieja es el lugar relevado con mayor cantidad de propiedades abandonados y, a su vez, “es el mayor reservorio de patrimonio histórico de Uruguay“, señala una arquitecta. Para el sector turístico, el abandono del Centro es una “mala imagen” para los visitantes. “Eso sí, sus cámaras captan hasta árboles en los balcones“, dice el cronista de El País.

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Foto: Defensor del vecino

Foto: Lento

Foto: Lento

Seguridad Ciudadana

Foto: Seguridad Ciudadana CV

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Foto: Photobucket

Foto: El país Ciudad Vieja

Foto: El País

AGUA, ¿’bien social’ o ‘recurso estratégico’?

En marzo de 2006 nace Agua y Saneamiento Argentinos S.A. (AYSA), luego de que Néstor Kirchner le rescindiera el contrato de “Aguas Argentinas” al grupo francés Suez: Se rescindió el contrato para que vuelva el agua a estar en manos de los argentinos, que es un bien social y no un bien para unos pocos, explicó Kirchner y sin nombrar a los franceses de Suez aludió a ellos diciendo que “estuvieron quince años en la Argentina, se llevaron cientos de millones de dólares y tenemos que rogarles por unas gotas de agua” [4].

La empresa Suez era quien manejaba junto a Aguas de Barcelona los recursos hídricos y el saneamiento del departamento de Maldonado hasta el año 2005. Por esas cosas de la historia, en 2013 GDF-Suez ganó la licitación para instalar una planta regasificadora en Montevideo, a pesar de que ya había presentado problemas de operativa en compromisos anteriores con el país. En julio de 2015 anuncia la posibilidad de su retiro de las obras. La empresa iba a recibir 14,5 millones de dólares por mes por 15 años por poner en marcha la planta y, como les había ido mal, pretendían US$ 20 millones por mes por 20 años.

El Presidente de Uruguay ha declarado en este nuevo período que el agua no es un tanto un bien social sino un “bien estratégico”, y debe ser gobernada como tal: “debemos transformarnos en un país que espera la lluvia a una Nación capaz de recibir agua, almacenarla y gestionarla como un recurso valioso” [sic]. A esto  suma la necesidad y la ”posibilidad de transformar esta riqueza, que es el agua de lluvia, y el trabajo de calidad y mayores exportaciones. Para ello es fundamental el riego: sistema en el que venimos y seguiremos invirtiendo”.

La discusión de una nueva Ley de Riego propuesta por el Poder Ejecutivo levanta la cautela sobre una posible nueva oleada de privatización del agua:

La norma apuesta a la inversión privada para la creación de grandes represas que permitan un mayor suministro de agua que el actual, mediante pequeñas represas. Además de la construcción, los privados estarán habilitados para el almacenamiento y la venta del líquido a terceros.

En 2015, los funcionarios de OSE (Obras Sanitarias del Estado, empresa de monopolio estatal responsable del servicio de agua potable y saneamiento para la totalidad de la población) están denunciando la terciarización de servicios inherentes a la empresa. En caso de prosperar, estas nuevas normativas podrían parecerse a la recomendación del Consenso de Washington referida a la privatización de empresas paraestatales, algo que ya ocurre en la mayoría de las empresas estatales que delegan muchos de sus servicios (y no por eso son más eficientes).

EL CRECIMIENTO PROPIO EN BASE AL CONTEXTO REGIONAL

Las cifras de crecimiento del PBI en Uruguay en el período 2004-2014 se cuadriplicaron ampliamente, al tiempo que el país aumentó sus reservas un 700 por ciento.

Según datos del Banco Mundial, el PBI de Uruguay era 13.686 millones de dólares en 2004, 31.660 millones en 2009 y 57.471 millones de dólares en 2014.

Las reservas aumentaron de 2.512 a 17.554 en el mismo período (CIA World Factbook da US$ 17.960, en el puesto 64 de 169 países), otras cifras dan en el entorno de US$ 18.708 millones.

Si miramos el contexto regional, vemos que el PBI creció en todos los países latinoamericanos.

(PBI 2005-2015 dólares a precios actuales en América Latina)

(PBI 2005-2015 en América Latina en dólares a precios actuales, 2015)

En cuanto al PBI per cápita, Uruguay comenzó en 2005 por debajo del promedio mundial, al igual que Argentina, triplicando ampliamente su PBI per cápita, mientras que Argentina tuvo buenos indicadores hasta 2013, bajando algunos puntos en 2014. Ambos países superan con creces al promedio mundial y latinoamericano.

PBI per capita en dolares a precios actuales

PBI per capita en dolares a precios actuales

Las exportaciones de bienes y servicios, al igual que el PBI, aumentaron en todos los países latinoamericanos sostenidamente desde 2005.

Exportaciones de bienes y servicios

Exportaciones de bienes y servicios en América Latina (2005-2015)

El fenómeno de crecimiento económico (ligado al aumento del PBI) durante el período progresista se explica en buena medida por el aumento en los precios internacionales de las materias primas. La importación mundial de soja se duplicó entre 2005 y 2014, encabezada por la demanda de China. Mientras que en julio de 2000 el precio era de 170 dólares por tonelada, en abril de 2004 llegó a 363 US$/ton, par alcanzar nuevos picos en febrero-julio de 2008 (554US$/ton), febrero-agosto 2011 (500U$S/ton), agosto de 2012 (622US$/ton) a mayo de 2014 (546US$/ton), para estabilizarse en el último año en el entorno de los 360 US$/ton.

Precio internacional de la soja 2000-2015

Precio internacional de la soja 2000-2015

Al mismo tiempo, a partir de 2004 se comienza a notar una mejora en los indicadores de pobreza: entre 2005 y 2012 cae del 18 al 9% en Uruguay, y en Argentina del 30 al 8%. Aunque hay debates en torno a la confiabilidad de los informes (sobre todo de Argentina), las cifras muestran un descenso en la desigualdad acompañada de una mejor distribución de la riqueza. Uruguay, el país con los ricos mas pobres y los pobres más ricos

En Uruguay el 20% más pobre acumula el 10% de los ingresos; lo sigue Argentina, donde el 20% más pobre acumula el 6,9%. Se comprueba estadísticamente que el nivel educativo es una de las variables que más contribuye para el ingreso en la pobreza. Al mismo tiempo, se vlendieron 2.456 ‘autos caros’ en Uruguay por valor de US$ 175 millones; durante 2013 la compra de vehículos caros totalizó 2.456 unidades. El automóvil más costoso vendido en Uruguay, fue por US$ 555.000 ese año.

Sobre la distribución de la riqueza, el Consenso de Washington proponía una teoría de derrame que suponía que los polos de desarrollo de las elites prósperas desencadenarían un proceso de “cascada de riquezas” hacia las clases menos favorecidas. Casualmente, en un acto en Cerro Largo (noroeste) en 2011, el expresidente uruguayo afirmaba algo semejante:

En este momento hay unos arenales, allá en la Costa Atlántica, que durante año figuran como propiedad del Ministerio. Eso no sirve para hacer ganadería ni agricultura, es para lagartear en el verano. Y es una hermosa costa atlántica. Les dijimos: ‘esto hay que rematarlo en pedazos, esto vale en pila, van a venir turistas, van a hacer casas, pim, pum, pam… y el poblerío de la zona le va a arreglar el jardincito, le va a cuidar la casa…

POLÍTICA DE DESENDEUDAMIENTO

Para hablar al respecto hay que diferenciar entre desendeudamiento absoluto y relativo, es decir, entre el crecimiento de la deuda en términos reales y nominales (deuda bruta), o la disminución de la deuda en comparación con el aumento del PBI y las reservas (deuda neta). El discurso ortodoxo lo evalúa en relación al Producto Bruto Interno, pero lo que se va a terminar pagando es en realidad la deuda bruta. En primer lugar, cabe apuntar que todos los países de Latinoamérica han disminuido su deuda externa a partir del año 2003 (no así los países del Caribe):

deuda externa latinoamérica cepal

La deuda neta surge de restar la deuda bruta menos las reservas actuales del país. Los activos de reserva son ahorros, depósitos en moneda extranjera manejada por el Banco Central, que sirven para enfrentar la deuda y asegurar que se pueden cumplir los compromisos de pago. 

Las reservas de Uruguay aumentaron de 3.000 millones de dólares en 2005, a US$ 7.600 millones en 2010, a US$ 18.485 millones en 2014. Por esta razón, según datos oficiales, la deuda neta de Uruguay es la menor en 16 años: 21% del PBI (12.000 millones de dólares). La deuda neta, en realidad, “se refiere al respaldo que la economía tiene para enfrentar la deuda. Dicho respaldo se expresa en los llamados activos de reserva”. Perú, por ejemplo, ha disminuido tanto su deuda bruta como su deuda neta, 18 y 2% respectivamente. Chile es incluso un acreedor neto respecto al exterior desde 2006, es decir, que otras empresas y organismos le deben al país.

deuda neta perú

En cuanto al endeudamiento absoluto, la deuda bruta (el monto total que el país realmente debe), según datos del Banco Central de Uruguay (BCU), ha aumentado de 14.082 millones de dólares en 2004, a US$ 17.969: en 2009, a US$ 24.192: en 2014.

Deuda externa bruta del Uruguay (BCU) (en millones de dólares)

En 2003 Uruguay debía el 105% de su PBI, es decir, se debía un año entero de la producción del país. Durante el 2004-2009, con el gobierno progresista, la deuda llegó a bajar al 49% del PBI, reduciendo a la mitad la cifra en cinco años, por lo que Daniel Olesker (2009) concluye que “la deuda pesa menos que en 2004, en tanto es menor como porcentaje del PBI, tiene vencimiento mucho más equilibrado y un respaldo en reservas del doble del que había en 2004”.

En 2015, sin embargo, si miramos el final del documento sobre la deuda pública del BCU, el apartado sobre “Calendario de servicio de Deuda Externa Bruta del Uruguay a Marzo de 2015” vemos que en realidad Uruguay debe casi 38.816 millones de dólares entre amortizaciones e intereses, 7.500 millones a pagar en los últimos tres trimestres del 2015. El canje de la deuda Uruguay se ha considerado exitoso porque presenta compromisos a largo plazo. Entre 2017 y 2021 se deberán pagar un promedio de U$S 1.300 millones anuales, y luego de 2022, 20.529 millones de dólares.

Por tanto, si relacionamos las deudas del país sobre lo que produce (PBI), se obtiene que el peso de la deuda en el PBI es actualmente de 60%. Los datos se condicen con los resultados actualizados de la CIA World Factbook, en la que Uruguay aparece en el puesto 48 de 164 países según el peso de su deuda bruta.

El ranking lo encabeza Japón, que debe el 228% de su PBI. Salvo Alemania y Holanda, los países de Europa occidental se encuentran en los primeros 25 lugares. Puerto Rico y Canadá son los que más deben de América, con el 92-93% de su PBI. A Uruguay le sigue El Salvador, Costa Rica y Brasil. Argentina se encuentra en el puesto 101, debiendo el 38% de su PBI. Su s reservas han oscilado entre 28.000 millones en 2005, a 52.207 millones en 2010, a 31.410 en 2014.

En cuanto a la dolarización de la deuda, Uruguay tenía en 2004 el 90% de la deuda en moneda extranjera y el 10% en moneda nacional; “El proceso de desdolarización comenzó en 2005 y ha llevado a que en 2009 ya el 30% de la deuda se encuentra en moneda nacional” (Olesker). Sin embargo, en cifras brutas, en el perído 2004-2009 se triplicó la deuda externa bruta en pesos y aumentó 50% la deuda en dólares (deuda externa bruta 2009 según datos del BCU: 1.225 en pesos, 15.211 en dólares). En comparación con 2009, la deuda bruta en 2014 creció cinco veces en pesos y un 10% en dólares (en 2014 habría 24.192 millones de dólares de deuda, 6.500 en pesos y 16.500 en dólares).

Dolarización de la deuda 2004-2014

Dolarización de la deuda 2004-2014

En cuanto a las reservas materiales, un dato curioso es que el World Official Gold Holdings 2015 muestra que Uruguay no se encuentra dentro de los 100 países con reservas de oro en el mundo.

En 1989, Uruguay tenía 81 toneladas de oro en las reservas del Banco Central. Hacia 1994, las reservas habían disminuido a 53 toneladas. En el año 2001 se vendieron la totalidad de las 56 toneladas de oro que habían en el país, y se obtuvieron entre 500 y 600 millones de dólares. Hoy, esas 56 toneladas valdrían 2.000 millones de dólares, es decir 4 veces más (y eso que el oro está en el menor precio en muchos años). La reserva actual de oro de Uruguay es de 300 kilos (0,3 toneladas). Sin embargo, en Minas de Corrales se extraen casi 3 toneladas de oro al año, dejando al Estado únicamente entre el 2 y el 3% de esos recursos por concepto de impuestos.

Si Uruguay hubiera mantenido las 81 toneladas de 1989, estaría este año en el puesto 38, entre Irak y Australia. Si tuviera las 56 toneladas de 2001 estaría en el puesto 56, al nivel de Brasil, Argentina, Bolivia y Perú hoy. El ranking lo encabeza Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Rusia, China, Suiza, Japón, Holanda y Turquía. El país latinoamericano mejor posicionado en cuanto a sus reservas de oro es Venezuela, con 367 toneladas (por encima de Arabia Saudita, Reino Unido, España, Bélgica y Suecia).

Con respecto a las piedras semipreciosas, una de las amatistas mas grandes y de mejor calidad del mundo fue extraída en Uruguay y vendida en bruto a Australia por 75.000 dólares en el año 2007. Hoy vale más de 250.000 dólares. Pesa 2.500 kilos y mide 3,27 metros. Es tan perfecta en todos sus detalles que hay gente que “duda” que sea natural.

La amatista más grande del mundo, actualmente en Australia

La amatista más grande del mundo, actualmente en Australia

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Algo que es notorio y evidente al acercarse a la realidad argentina es la guerra mediática entre el gobierno y el mayor multimedio de prensa del país, por lo que muchas veces el periodismo se convierte en desprestigio o militancia. Algunos llaman a esto un enfrentamiento entre el poder político y el poder real, y es donde se ve mejor la información sesgada y la necesidad de consultar fuentes. Por un lado se encuentran medios como Clarín, La Nación, la revista Noticias, el portal Infobae, y por otro lado medios como Página/12, Telam, Tiempo Argentino o Ambito Financiero. Se trata de un enfrentamiento abierto entre los grupos más poderosos de la comunicación. Los hitos de este período han sido el conflicto por Papel Prensa y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA).

En Uruguay, el gobierno decidió mantener las licencias a los multimedios históricos de televisión, aunque aprobó una ley SCA que aún espera reglamentación. Según se supo recientemente, en los últimos días del gobierno de José Mujica, el Poder Ejecutivo firmó una indeminización de 7 millones de dólares al multimedio Clarín por los perjuicios causados en la limitación del mercado.

DERECHOS DE TRANSMISIÓN DEL FÚTBOL

En Uruguay, el expresidente José Mujica condonó en 2013 una deuda de 10 millones de dólares al empresario televisivo, dueño de los derechos de transmisión del fútbol uruguayo, Paco Casal, con el argumento de “evitar juicios al Estado”. En los últimos años se logró que algunos partidos de la selección uruguaya se pasen en televisión abierta, no así los partidos del fútbol local ni de las copas internacionales que involucran a equipos locales.

En Argentina se conformó en 2009 Fútbol Para Todos, un programa gubernamental dependiente de la Secretaría de Comunicación Pública (organismo estatal). El programa es el dueño, por convenio con la Asociación del Fútbol Argentino, para la transmisión en vivo de los torneos de Primera y Segunda División, y de las semifinales y finales de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana siempre y cuando sean disputadas por equipos argentinos. Hasta 2009, la empresa Televisión Satelital Codificada (TSC) —integrada en partes iguales por el Grupo Clarín y Torneos y Competencias— era la titular de los derechos de transmisión televisiva de los torneos de Primera División de la AFA.

DERECHOS HUMANOS

Durante la época de Néstor Kirchner se llevó adelante una activa política para promover los Derechos Humanos, incorporando a su gobierno a reconocidos integrantes de organismos de DDHH. Impulsó el enjuciamiento a los responsables por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante los años setenta, realizados por la AAA (Alianza Anticomunista Argentina) y por el gobierno del Proceso de Reorganización Nacional. Para conseguirlo, logró la anulación en el Congreso de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. A raíz de la anulación de estas leyes, el Centro de Estudios Legales y Sociales cuenta en el año 2015 2051 implicados en causas de crímenes de lesa humanidad; cerca de un tercio de los imputados han obtenido sentencia desde 2006; 592 condenados; 53 absueltos; 878 procesados sin sentencia previa; 118 imputados; 459 condenados; 54 personas permanecen prófugas; 1046 son los detenidos (un 41 por ciento en prisión domiciliaria).

En Uruguay aún sigue vigente la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado de 1986. La misma quiso ser anulada mediante un plebiscito en 2005 y no logró el 50% de los votos; en 2010 hubo un nuevo intento legislativo para la anulación de dicha ley, que fue rechazado por el voto definitorio de un diputado del sector oficialista.

CONCLUSIÓN

Luego de analizar todos estos parámetros, una visión que surge es que para algunos, en el fondo, no es una batalla por mejorar la calidad de vida de la sociedad civil, sino una guerra para llegar al poder y mantenerse; para recaudar más, para fomentar el uso del dinero; el interés de los prestamistas, contrapuesto al interés del ciudadano común. El tema es cómo el Estado canaliza la relación entre la política y la economía. Por eso es necesario preguntarse, ¿qué intereses defienden, privilegian o benefician las políticas de gobierno?

Silogismos para comprender el debate sobre el populismo

La sociedad está compuesta por tres sectores: gobierno, sociedad civil (trabajadores) y mercado (empresarios).

Esta diferencia no es por sus virtudes sino por sus intereses económicos y políticos contrapuestos: el interés del gobierno es perdurar, el interés de las empresas es el lucro, el interés civil es el bienestar.

Las empresas y la sociedad civil se enfrentan por el poder del gobierno para cumplir sus intereses.

La batalla se da en todos los sectores de la economía, por la distribución de las ganancias producidas por el trabajo.

El estado puede mediar por los intereses de la ciudadanía o del poder económico.

El poder económico rechaza al poder político cuando el Estado interviene en favor de la ciudadanía.

Las empresas le pueden aportar a la democracia el espíritu emprendedor, y la ciudadanía la visión social, colectiva y pública a los emprendimientos.


Notas

* La referencia al populismo es deliberadamente descartada por insustancial, al menos en la forma que se ha planteado últimamente. Nos referimos al fenómeno mediático de Gloria Álvarez, la polítóloga nicaraguense “que se viraliza en las redes”. Aunque se hizo conocida durante 2014 en su exposición ante el parlamento iberoamericano de la juventud, durante 2015 lanzó su spot Aprender Volando: “Populismo vs República”. Generalmente el tratamiento que le da al concepto cae en el estereotipo de calificar de forma despectiva a fenómenos muy diferentes, cuando los mismos métodos son utilizados por las empresas y el sector privado y no despierta tantas críticas. Entre muchas otras, y como no es el objetivo de este artículo, la siguiente fundamenta la opinión crítica:

«Lo que se observa en este video explicativo es que se lo carga al populismo con todos los vicios, defectos y entuertos de la democracia, cuando en verdad, si bien eventualmente un gobierno de corte populista puede adscribirse a estas enfermedades de gobierno, no deja exentos a otros gobiernos de otras características a tropezar con las mismas piedras».

Cuando se acusa de “populismo” a gobiernos como el de Argentina o Venezuela, es conveniente mirar lo que pasa en países presuntamente democráticos como México, a todas luces un Estado Fallido a raíz de la corrupción y el narcotráfico; o EEUU, con los continuados abusos a afroamericanos de parte de la fuerza policial; o España, con la reciente Ley Mordaza, un atentado directo a la libertad de expresión (e igualmente invisibilizado por los medios masivos de difusión).

El problema de lo que está pasando en Uruguay es la pérdida de la confianza en las empresas públicas. Esto puede llevar a la confusión de que las empresas privadas gestionan mejor lo que es de todos por derecho, por lo que el Estado se convierte en una carga que hay que minimizar. Por ejemplo, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay propone que “los servicios primarios del Estado como seguridad, justicia, educación, salud, por los que se paga impuestos y contribuciones, deben ser contratados en el sector privado para obtener calidad y cantidad adecuadas“.

El problema de las pérdidas en el Estado no se debe a la gestión pública o privada, sino a un mal manejo de los fondos en varios niveles. Lo peor es que a pesar de las malas gestiones, los gestores cuestionados siguen escalando posiciones. A veces da la impresión que la justicia no llega de igual manera a los individuos de poder adquisitivo o protegidos del sistema político (y partidario). Para mejorar esto se requiere una justicia más independiente, participativa, mayor acceso a la información, una ciudadanía ocupada de mejorar la función pública a través de herramientas democráticas y de fiscalización eficaces.

Por otro lado, en ambos países existe la percepción que se saca de los impuestos de los ciudadanos para “mantener” una clase que no trabaja, a través de planes sociales y de transferencia de dinero. Sin embargo, estas «políticas económicas que luego darán origen a un Estado de tipo “benefactor” o “intervencionista con fines re-distributivos”, surgieron, en principio, para sostener el modelo capitalista-liberal ortodoxo (nada más lejos del populismo) y rompieron con la lógica de Estado ausente, estandarte de la idea liberal del gobernar». El debate al respecto a los discursos actuales sobre el populismo amerita, sin duda, una exposición más prolongada.

[1] El fenómeno venía dominando las políticas económicas latinoamericanas desde 1973 (comenzando en Chile), luego en Argentina en 1976 y profundizado en la década de 1990; “Las políticas aconsejadas por el FMI en los últimos 25 años tuvieron un desastroso resultado y no sirvieron para aliviar la pobreza, sino que hicieron lo opuesto y aun agravaron la situación’‘, sostiene Gail Hurley sintetizando la opinión de muchos analistas.

[2] Según datos de la CRA, en 2013 la diferencia de precios en la soja fue de 24% (US$ 495 en Uruguay y US$ 376 en Argentina); en maíz de 36% (US$ 300 vs. US$ 189); y en el caso del trigo el precio que recibe el productor en Uruguay (US$ 360 por tonelada) es 31%, más alto que el que recibe el productor en Argentina (US$ 247 por tonelada). Otro factor que aumentaría la competitividad frente a Argentina es la inflación (indicador parcial de comportamiento de los costos) fue de 25,6% (según consultoras privadas) en 2012, mientras que en Uruguay fue de 7,48%.

[3] Las otras principales renuncias impositivas fueron: la producción agropecuaria y forestal, por US$ 172 millones; y transporte y almacenamiento, US$ 119 millones; se resignaron además 215 millones de dólares por IRAE a Promoción de Inversiones y US$ 650 millones por exoneraciones en el Impuesto al Patrimonio.

[4] Hoy AYSA pertenece en un 90% al Estado Nacional y en 10% a los trabajadores de Obras Sanitarias de la Nación.

Para ver una explicación didáctica sobre el Consenso de Washington: José Pablo Feinman, Filosofía Aquí y ahora.

El artículo intentó ser bastante objetivo, pero se hace bastante eco de las palabras de Gustavo “Pelado” Cordera:

2015-07-28 06.38.46

ÍNDICE

ECONOMÍA POLÍTICA Y POLÍTICA ECONÓMICA

ECONOMÍA Y POLÍTICA FISCAL: RETRACCIONES vs. CONCESIONES

CRECIMIENTO EN URUGUAY: INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA

CRECIMIENTO EN ARGENTINA: INDUSTRIALIZACIÓN A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

FONDOS JUBILATORIOS Y GASTO SOCIAL

PRECIOS: INTERVENCIÓN vs. LIBRE MERCADO

COMBUSTIBLES: GRAVÁMENES vs. SUBSIDIOS

AEROLÍNEA DE BANDERA: ESTATIZACIÓN vs. VACIAMIENTO

FERROCARRIL: PRIORITARIO vs. INVIABLE

VIVIENDA: INTERÉS SOCIAL vs. INTERÉS COMERCIAL

AGUA, ¿’bien social’ o ‘recurso estratégico’?

EL CRECIMIENTO PROPIO EN BASE AL CONTEXTO REGIONAL

POLÍTICA DE DESENDEUDAMIENTO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

DERECHOS DE TELEVISACIÓN DEL FÚTBOL

DERECHOS HUMANOS

CONCLUSIÓN

2015-07-28 06.40.20

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Written by Conocer

3 agosto, 2015 a 4:06 am

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